Miami, 18 ago (EFE).- El Gobierno de Misisipi, en el sur de Estados Unidos, anunció este lunes el envío de 200 miembros de su Guardia Nacional a Washington para respaldar al presidente Donald Trump en su plan de militarización de la capital bajo el argumento de luchar contra el crimen, con lo que suman cuatro estados gobernados por republicanos con ofrecimientos similares.
El gobernador de Misisipi, Tate Reeves, justificó la medida al argumentar que “el crimen está fuera de control” en Washington y “está claro que algo debe hacerse para combatirlo” porque “los estadounidenses merecen una ciudad capital segura de la que puedan estar orgullosos”.
“He aprobado el despliegue de aproximadamente 200 soldados de la Guardia Nacional de Misisipi a Washington, D.C., para apoyar el esfuerzo del presidente Trump de devolver la ley y el orden a la capital de nuestra nación”, expresó Reeves en un comunicado de dos párrafos.
Estos refuerzos se suman a los del fin de semana, cuando se anunciaron 400 miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, 150 de Ohio y 200 de Carolina del Sur para el Distrito de Columbia, pues los gobernadores de estos estados, todos republicanos, respaldaron los objetivos de seguridad de Trump.
Este estimado de 950 soldados adicionales procedentes de los cuatro estados mencionados se suman a las tropas ya desplegadas en la capital, donde Trump declaró la semana pasada una “Emergencia de Seguridad Pública” con la que activó a unas 800 tropas de la Guardia Nacional.
La capital, dirigida por la alcaldesa demócrata Muriel Bowser, ha visto desde entonces un incremento exponencial en la presencia de oficiales de agencias federales como el FBI, la Agencia Antidrogas (DEA), y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que han realizado decenas de arrestos por posesión de armas y otros delitos, así como detenciones migratorias.
Las autoridades de Washington demandaron el viernes al Gobierno de Trump por lo que consideran una “toma hostil” de la Policía de la capital por el Gobierno federal, pues acusan al mandatario de abusar de su autoridad bajo la Ley de Autonomía que regula la autogestión del Distrito desde 1973.