Washington, 9 ago (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en que el Gobierno federal tome el control de Washington D.C., algo que durante casi dos siglos puso bajo autoridad del Congreso al distrito federal, aprovechando el sonado ataque sufrido por un empleado del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), conocido como “Big Balls”, aunque el crimen ha disminuido durante 2025 en la capital estadounidense.
Trump amenazó esta semana, nuevamente, con federalizar Washington D.C., utilizando en su cuenta de Truth una foto de Edward Coristine, un programador que trabajó con Elon Musk en Doge, ensangrentado y sin camisa, luego del ataque que sufrió por parte de una pandilla juvenil al intentar defender a una mujer la madrugada del 3 de agosto.
“El crimen está fuera de control”, dijo el mandatario estadounidense, describiendo la situación de la capital como “un caos violento” y retomando su amenaza de federalizar el Distrito de Columbia, como ya lo había expresado en febrero pasado cuando, a bordo del Air Force One, sugirió que el Gobierno federal debería tomar control de la seguridad de la ciudad.
El ataque contra “Big Balls” ocurrió en una zona céntrica de la ciudad y generó repercusión y debate sobre la cantidad de jóvenes, muchos menores de edad, involucrados en crímenes como asaltos y robos de vehículos.
Sin embargo, las autoridades locales han reiterado que los índices de criminalidad muestran una tendencia a la baja en comparación con años anteriores. Según cifras oficiales de la Policía Metropolitana, los delitos violentos han disminuido un 12 % en lo que va de 2025, con una caída especialmente marcada en homicidios y robos a mano armada.
La alcaldesa Muriel Bowser respondió a las declaraciones de Trump defendiendo la autonomía de la capital y acusando al presidente de “utilizar incidentes aislados con fines políticos”. Bowser recordó que la Constitución otorga al Congreso la autoridad última sobre el Distrito, pero advirtió que una intervención federal directa “socavaría la confianza ciudadana en las instituciones locales”.
Analistas políticos han señalado que la insistencia de Trump en federalizar D.C. podría formar parte de su estrategia electoral para 2026, apelando a votantes preocupados por la seguridad.
El caso de Edward Coristine, que permanece hospitalizado pero fuera de peligro, ha reavivado el debate sobre el papel de las pandillas juveniles en la capital. Mientras la policía continúa la búsqueda de los responsables, la historia de “Big Balls” se ha convertido en símbolo tanto de la vulnerabilidad de los ciudadanos como de la pugna política por el control de Washington D.C.
Los alcances y límite del presidente
La Constitución de Estados Unidos otorga al Congreso la autoridad sobre la capital federal. Desde la Home Rule Act de 1973, el Distrito de Columbia cuenta con autogobierno local y distribuye su propio presupuesto, sujeto a revisión del Congreso. Sin embargo, no tiene representación con voto en el Congreso, lo que ha inspirado el lema ‘Taxation without Representation’ (Impuestos sin representación).”
Trump tiene a la mano salidas ejecutivas que le pueden permitir aumentar la presencia de fuerzas federales como la Guardia Nacional o el FBI sin necesidad de que el legislativo intervenga, pero sin un profundo cambio legislativo no puede tomar el control de la ciudad.
Además, el presidente puede aumentar fondos para que las fuerzas federales se integren a las tareas de seguridad de la capital estadounidense.
El límite de Trump lo encuentra en desplazar las funciones administrativas que recaen en la alcaldía y otras autoridades locales, para poder hacerlo necesitaría el respaldo del Congreso.
Washington D.C. es un distrito federal creado en 1790 para servir como la capital de Estados Unidos, separado de cualquier estado para asegurar un control neutral y federal de la sede del Gobierno y en 1973 obtuvo su autonomía política permitiendo la elección de un alcalde y control sobre la seguridad pública, educación, servicios urbanos. Sin embargo, el Congreso mantiene la autoridad para la aprobación de leyes y el presupuesto de la capital.
En febrero, el senador Mike Lee y el representante Andrew Ogles presentaron una ley para derogar el autogobierno de Distrito de Columbia. Sin embargo, la medida solo cuenta con tres aliados en las dos cámaras del Congreso.