Miami (EE.UU.), 1 ago (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) celebró un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá que rechazó de forma definitiva una demanda civil contra La Prensa al considerar que es un precedente clave en la defensa de la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a permanecer informados.
La SIP, con sede en Miami, señaló que el fallo, emitido en marzo pero ahora divulgado, puso fin a un litigio iniciado en 2005 por la exfiscal superior Argentina Barrera, quien demandó a La Prensa por una publicación basada en un comunicado oficial del Ministerio Público que informaba sobre su destitución, según informó La Prensa.
Barrera reclamaba un millón de dólares por presunto daño moral, al considerar que el titular de la noticia -“Destituyen a fiscal superior Barrera, Procuraduría a la caza de corruptos”- sugería, aunque indirectamente, su vinculación con hechos de corrupción.
La Corte, sin embargo, concluyó que la publicación no contenía falsedades ni se apartaba del estándar exigido para la labor periodística.
El fallo también advirtió sobre el impacto inhibitorio de las demandas judiciales desproporcionadas contra medios y periodistas: “No pueden prosperar aquellas indemnizaciones que solo buscan satisfacer los sueños de fortuna de los demandantes, inflando desmedidamente sus cuantías a fin de acallar a quienes solo han ejercido su derecho a expresarse”.
“Este fallo representa una victoria para la libertad de prensa en Panamá y sienta un precedente que refuerza el rol esencial del periodismo en la fiscalización del poder”, indicó José Roberto Dutriz, presidente de la SIP.
Dutriz celebró que la Corte Suprema “haya reivindicado el principio de que el interés público debe prevalecer sobre intentos de silenciar a los medios mediante litigios abusivos”.
La Prensa afronta once procesos civiles y once penales iniciados por exfuncionarios, contratistas del Estado y figuras públicas -entre ellos el expresidente Ernesto Pérez Balladares y el diputado Benicio Robinson- por montos que superan los 20 millones de dólares, subrayó la organización.
La SIP ha advertido de que el marco legal panameño permite a los demandantes solicitar la congelación de activos durante el proceso, lo que impone una carga financiera excesiva incluso antes de que se dicte sentencia y favorece el uso de la justicia como herramienta de censura.
La duración del proceso -casi 20 años- constituye en sí misma una forma de castigo, afirmó La Prensa, según el comunicado.