San Juan, 22 jul (EFE).- La Fiscalía Federal de Puerto Rico informó este martes que un hombre fue condenado a dieciocho años y medio de cárcel y cinco años de libertad supervisada por contrabando de más de 850 kilogramos de cocaína en abril de 2022.
Según un comunicado difundido por las autoridades, el 15 de julio de 2025, el juez principal del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Francisco A. Besosa, sentenció a Domingo Acosta a 222 meses y 14 días de prisión y cinco años de libertad supervisada por contrabando de cocaína.
Según los documentos judiciales, Acosta se declaró culpable en virtud de un acuerdo de culpabilidad por conspiración para importar el alcaloide a Estados Unidos desde Colombia, República Dominicana y otros lugares.
Acosta también se declaró culpable de posesión de armas de fuego, en apoyo a un delito de tráfico de drogas.
De acuerdo con las actas judiciales y las pruebas presentadas en la audiencia de sentencia, la conspiración para importar cocaína comenzó en una fecha no conocida pero no posterior a 2021 y continuó hasta el 17 de julio de 2024.
El 12 de abril de 2022, las autoridades incautaron 29 fardos que contenían 873 kilogramos de cocaína, un GPS portátil, un teléfono satelital y la identificación dominicana del acusado y sus tarjetas de vacunación de la covid 19 en una embarcación que encalló en la costa de Humacao, un municipio del este de Puerto Rico.
El acusado también participó en otros dos intentos para importar cargamentos de cocaína en octubre de 2022 y abril de 2023.
El 7 de octubre de 2022, agentes federales registraron una propiedad utilizada por el acusado y se incautaron dispositivos electrónicos, pistolas, cargadores y municiones.
Este caso forma parte de la Operación ‘Take Back America’, una iniciativa de ámbito nacional encabezada por el Departamento de Justicia para lograr la eliminación total de los carteles y las organizaciones delictivas transnacionales (OCT, por sus siglas en inglés) y proteger a las comunidades locales de los autores de delitos violentos.
La ‘Homeland Security Task Force Initiative’, que prevé el establecimiento de equipos permanentes de fuerzas de tarea multiagencia que trabajan codo con codo en el mismo lugar, ayudó en el enjuiciamiento de este caso.
El fiscal adjunto Antonio J. López, de la Unidad de Recuperación de Activos, Blanqueo de Capitales y Delincuencia Organizada Transnacional, estuvo al frente del caso.