Los Ángeles (EE.UU.), 16 jul (EFE).- Abogados que representan a inmigrantes venezolanos y haitianos afectados por la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) se mostraron este miércoles optimistas en la defensa de este beneficio migratorio y confiaron en lograr demostrar ante los tribunales que la decisión del Gobierno de Donald Trump fue “arbitraria e ilegal”.
“Nosotros sabemos que tenemos argumentos legales muy fuertes y somos optimistas… nosotros vamos a continuar la pelea en la corte”, dijo Jessica Bansal, abogada litigante de la Alianza Nacional de TPS.
Los comentarios se dieron luego de una audiencia en el tribunal del Noveno Circuito de Apelaciones en Pasadena (California), donde un panel de jueces escuchó los argumentos de una demanda que alega que el fin del TPS para unos 600.000 venezolanos y haitianos fue motivada por una “animosidad racial y caprichosa”.
Además, los demandantes aseguran que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, excedió la autoridad legal en la violación de la Ley de Procedimiento Administrativo (APA).
Bansal explicó que el panel hizo preguntas “difíciles” para las dos partes y cuestionó a los abogados del Gobierno Trump sobre la falta de precedentes para poner fin a un beneficio extendido por una administración anterior.
Noem puso fin a la extensión del TPS otorgada por el expresidente Joe Biden (2021-2025) a casi 350.000 venezolanos y unos 250.000 haitianos, después de calificar a los beneficiarios suramericanos de este programa como “desgraciados” y criminales.
A finales de marzo, un juez federal en California decidió bloquear el intento del Ejecutivo por acabar con el TPS, alegando que la decisión causa un “daño irreparable” a quienes se acogieron a la protección y a sus familias.
La Casa Blanca llevó la pelea directamente al Tribunal Supremo que a finales de mayo le permitió revocar el programa migratorio que concede un estatus legal temporal en el país a más 300.000 venezolanos, mientras se desarrolla el litigio.
La Administración había argumentado que el TPS para Venezuela va en contra del “interés nacional” de EE.UU. y que la Justicia no tiene la potestad de decidir asuntos de política migratoria “urgentes”.
Ahilan Arulanantham, del Centro de Derecho y Política de Inmigración de la Facultad de Derecho de UCLA, quien representó a la Alianza Nacional del TPS, afirmó que no tienen autoridad, puesto que todas las agencias gubernamentales tienen que apegarse al estatuto.
El TPS es un programa migratorio que protege de la deportación y da permisos de trabajo a las personas de países que están atravesando situaciones humanitarias graves o desastres naturales.
El panel de apelaciones no tiene una fecha prevista para entregar su decisión. Por lo pronto, una audiencia está programada para el 1 de agosto en el tribunal inferior de California sobre el caso.
La Casa Blanca dejó en pie el TPS otorgado a otras nacionalidades como la de los salvadoreños, que protege a unos 200.000 inmigrantes desde 2001.