Washington, 26 jun (EFE).- El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lanzó este jueves su iniciativa “BID para Ciudades y Regiones”, un programa piloto pionero de cinco años que permitirá a ciudades, estados y regiones elegibles de América Latina y el Caribe acceder a una línea de hasta 1.000 millones de dólares en préstamos de inversión y garantías de esa institución.
El organismo precisó en un comunicado que su iniciativa brindará a los gobiernos locales acceso directo a financiamiento para infraestructura, desarrollo urbano y prestación de servicios con el fin de promover un crecimiento sostenible.
El programa tiene un monto total de 1.000 millones y a la hora de asignar los fondos tendrá en cuenta la capacidad de repago que puedan tener esos gobiernos subnacionales, así como que los proyectos elegibles estén sujetos al cumplimiento de los marcos legales y fiscales nacionales.
Además del acceso al financiamiento, dicho plan busca fortalecer las capacidades de desarrollo y de solvencia de dichos gobiernos de la región a través de una asistencia técnica complementaria.
Según el presidente del BID, Ilan Goldfajn, al proporcionar ese acceso directo a la financiación y fortalecer la capacidad institucional la organización dota a las autoridades subnacionales “de las herramientas que necesitan para liderar un desarrollo transformador en sus propias comunidades”.
La fase piloto pretende aprobar unas 10 operaciones individuales. El BID adelanta que su programa también apoyará el financiamiento del sector privado hacia entidades subnacionales que tienen acceso limitado a los mercados de capital.
Goldfajn recalcó que el BID “aspira a ser verdaderamente un banco de desarrollo enfocado en el sector privado, no solo financiando directamente más proyectos del sector privado a través de BID Invest, sino también fortaleciendo las condiciones para que el sector privado invierta”.
BID Invest es el brazo del Grupo BID que apoya directamente a empresas y proyectos privados.
Los gobiernos nacionales deberán proporcionar por escrito su no objeción a los proyectos, sobre los que el BID supervisará la ejecución y los resultados en materia de desarrollo, aparte de llevar a cabo una evaluación formal al cabo de cinco años.