San Juan, 9 jun (EFE).- La Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Puerto Rico condenó este lunes el arresto y desaparición forzada de Aracelys, una mujer dominicana con una visa de trabajo aprobada y el permiso de viaje ‘Advance Parole’ vigente.
“Este operativo es un atropello infame”, denunció en un comunicado Annette Martínez, directora ejecutiva de la ACLU-PR.
De acuerdo a la información difundida por la unión, Aracelys acudió el 5 de junio al Ayuntamiento del municipio de Cabo Rojo, ubicado en el suroeste de la isla caribeña, para registrar un pequeño negocio con su visa y permisos en regla y un agente de la Policía alertó sin orden judicial ni autoridad legal a oficiales federales de inmigración.
“Detener a una víctima de violencia doméstica amparada por la ley y arrastrarla a otra jurisdicción viola la Constitución, la Ley federal de Violencia Contra la Mujer (VAWA, por sus siglas en inglés) y los principios más elementales de humanidad. Exigimos su liberación inmediata y garantías de seguridad”, subrayó Martínez.
En este sentido, la ACLU denunció que este caso exhibe “la saña institucional contra las mujeres más vulnerables como sobrevivientes de violencia doméstica, mujeres negras, jefas de familia y de recursos limitados, quienes en lugar de recibir protección, son criminalizadas por ejercer su derecho al trabajo y al emprendimiento”.
Por su parte, el director legal de la ACLU-PR, Fermín Arraiza, recordó que la Policía Municipal de Puerto Rico “carece de autoridad” para ejecutar leyes migratorias sin un acuerdo ni orden judicial.
“Este acto extralimitado, aberrante, quebranta la Quinta Enmienda y el debido proceso. El agente involucrado se expone a responsabilidad civil y penal por violaciones de derechos”, aseveró Arraiza.
En este contexto, la ACLU-PR remitió el 9 de junio una misiva formal a la gobernadora Jenniffer González, para exigir transparencia inmediata sobre los datos entregados a las autoridades federales y cese de toda colaboración extrajudicial entre cuerpos municipales y agencias federales de inmigración.
Asimismo, la unión solicitó la publicación de protocolos que garanticen el debido proceso y la protección especial de víctimas de violencia de género, como establecen la Constitución de Puerto Rico y la Ley VAWA.
La ACLU-PR también pidió la suspensión de políticas y órdenes administrativas que permitan detenciones migratorias sin orden judicial, incluido cualquier intento de aplicar el proyecto de Ley 139.
La unión advirtió que la falta de acción “constituirá un aval estatal a la violación sistemática de derechos humanos” y anunció que agotará todos los foros legales y de fiscalización pública para proteger a las comunidades inmigrantes.
La ACLU-PR reclamó a las autoridades la liberación inmediata y retorno seguro de Aracelys, una investigación independiente y pública sobre la actuación del agente municipal.
Por último, manifestó su rechazo absoluto al P. de la C. 139, que habilita la colaboración entre policías municipales y agencias federales de inmigración, la aprobación del P. de la C. 331, que protege “lugares sensibles” y prohíbe la cooperación entre las autoridades locales y federales e implementación de protocolos de protección. E