Denver (EE.UU.), 4 jun (EFE).- El gobernador de Colorado, el demócrata Jared Polis, vetó una ley destinada a proteger los derechos constitucionales de los inmigrantes detenidos en operativos federales, solo unos días después de firmar una proclamación que destacaba las contribuciones de los inmigrantes al estado.
El veto, anunciado este jueves, contrasta con la proclamación emitida por Polis a comienzos de la semana, en la que llamó a «honrar las diversas culturas de inmigrantes» y a «reconocer que la vitalidad de nuestra economía, nuestra cultura y nuestras comunidades se fortalece continuamente gracias a las habilidades, el trabajo arduo y el compromiso cívico de los inmigrantes».
El proyecto, promovido por la senadora estatal demócrata Julie Gonzales y respaldado ampliamente por ambas cámaras, habría creado una vía legal para que cualquier persona pudiera acceder a servicios jurídicos financiados por Colorado si consideraba que agentes federales habían vulnerado sus derechos.
La ley estipulaba un monto inicial de 125.000 dólares para el costo de representación legal de los inmigrantes que decidieran iniciar un «recurso de equidad o cualquier otro recurso apropiado» hasta dos años después del incidente en el que podrían haber sido afectados.
«Durante meses, los habitantes de Colorado han escuchado historias y visto videos de detenciones violentas por parte del ICE ocurriendo en todo el estado», dijo a EFE Karen Orona, portavoz de la Coalición de Derechos de los Inmigrantes de Colorado (CIRC).
Orona detallo que hay «videos de ventanas de automóviles destrozadas y relatos sobre una madre y su hijo retenidos como rehenes por el ICE para presionar a un padre a entregarse».
La ley «ofrecía una vía legal para exigir responsabilidades a los funcionarios federales por tales abusos», puntualizó la vocera de la CIRC.
Eso significa, expresó la activista, que si la ley hubiera sido aprobada, los inmigrantes hubieran contado con el marco legal necesario para demandar a funcionarios federales que presuntamente no hubieran respetado los derechos constitucionales de los inmigrantes durante las operaciones de control migratorio.
Según datos de la Oficina de Nuevos Estadounidenses de Colorado, un 10 % de la población de este estado (unas 630.000 personas) es de origen inmigrante, que aportan unos 9.500 millones de dólares anuales a la economía local.
