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Asamblea municipal de Nueva York demanda a alcalde para impedir oficina de ICE en prisión

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Nueva York, 15 abr (EFE).- La asamblea municipal de Nueva York presentó una demanda contra su alcalde Eric Adams por haber autorizado al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) regresar a la cárcel municipal de Rikers, la más grande de la ciudad, de donde había salido hace diez años, y piden al tribunal que detenga esa acción “de inmediato”.

La asamblea legislativa, de mayoría demócrata como el mismo alcalde, pidió a la Corte Suprema de la ciudad una orden de restricción temporal y una medida cautelar para impedir que ICE abra su oficina en Rikers, donde operó durante 20 años hasta su salida en 2014.

Reclaman en su demanda que la orden ejecutiva 50 que autoriza a ICE a tener una oficina en Rikers “es ilegal” y aseguran que responde a un presunto acuerdo entre Adams y la Administración del presidente Donald Trump para que se retiraran los cargos de corrupción en su contra a cambio del regreso a la cárcel de la agencia de inmigración.

La orden ejecutiva del 8 de abril fue emitida por el vicealcalde Randy Maestro, luego de que Adams delegara en él toda la responsabilidad concerniente con ese tema.

Según el Concejo, la ley de la ciudad “es clara” en cuanto a que el alcalde “no puede remediar el conflicto de intereses (que tiene con la Administración Trump) simplemente delegando en Mastro su autoridad para abrir una oficina de ICE”.

Adams, que en 2014 fue acusado por la fiscalía federal por cargos de corrupción, anunció el pasado febrero que ICE volvería a Rikers, luego de sostener una reunión con Tom Homan, el zar de la frontera, y fue su primera acción luego de que el Gobierno de Trump retirara los cargos en su contra, decisión por la que fue criticado por grupos proinmigrantes.

Durante el tiempo en que ICE estuvo en Rikers, pedía que se mantuviera presos temporalmente a inmigrantes -a veces durante meses- después de sus fechas de liberación programadas, mientras investigaban su estatus migratorio, lo que llevó a muchos a procesos de deportación..

“El ‘precio de compra’ que se acordó de antemano y ahora se ofrece, es la seguridad y el bienestar de las comunidades inmigrantes y de todos los neoyorquinos cuyos derechos están protegidos por las preciadas leyes santuario de nuestra ciudad”, indica la demanda, que también incluye a Mastro y al Departamento de Corrección.

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