París, 4 jun (EFE).- Limitar el calentamiento global a los objetivos que se fijó la comunidad internacional en la cumbre climática de París en 2015 necesita un proyecto de justicia social a escala global mediante impuestos a los ricos, pero también un modelo económico de sobriedad.
Es la principal conclusión de un informe del Laboratorio de la Desigualdad Mundial, que presenta este jueves y con el que pretende acelerar una reforma de la arquitectura financiera internacional que le parece imprescindible pero también ineluctable porque considera que la situación actual no se aguanta y que la inestabilidad geopolítica actual en buena parte lo pone en evidencia.
En primer lugar lo que trasluce es que «las potencias dominantes están perdiendo el control. Y la buena noticia es que no habrá ninguna potencia hegemónica en el siglo XXI», ni Estados Unidos pese a los gestos de «nerviosismo» de Donald Trump, pero tampoco China, explica a EFE el economista francés Thomas Piketty, codirector del Laboratorio de la Desigualdad Mundial.
Piketty avisa que «bien los países occidentales antiguamente dominantes aceptan compartir el poder y compartir las riquezas, bien tendremos un sistema internacional alternativo dominado por China y en parte por Rusia», aunque al mismo tiempo se muestra «optimista» porque ve indicios de que el sistema internacional cambia.
En primer lugar porque cuando en 2013 él mismo formuló la propuesta de un impuesto mundial a los multimillonarios fue descalificado como utópico e irrealizable, pero desde entonces la idea ha sido retomada en discusiones internacionales por el Brasil de Luiz Inácio Lula da Silva, la Unión Africana o la Unión del Caribe.
Pero también porque los llamados derechos especiales de giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI), que existen desde que se creó esta organización al final de la Segunda Guerra Mundial, y que funcionan como una especie de moneda mundial para financiar sobre todo necesidades del mundo en desarrollo, alcanzaron cerca del 0,7 % del producto interior bruto (PIB) mundial en la crisis de la covid.
Esos DEG, que son un mecanismo indirecto de financiación del desarrollo, habían representado hasta entonces cantidades del PIB insignificantes (salvo durante la crisis financiera de 2008), y para Piketty lo que ocurrió con la covid fue un primer paso porque «en el futuro habrá otras crisis más graves (…) y el sistema internacional tendrá que responder».
Además, Estados Unidos está perdiendo su derecho de veto en las decisiones del FMI. Con lo cual, afirma estar convencido de que vamos hacia más fragmentación o más integración, y su apuesta es por la primera opción.
En su Informe sobre la Justicia Global, se describen escenarios deseables con mucho mayor equilibrio de ingresos y de riqueza a escala mundial y dentro de cada país para limitar el calentamiento global a 1,8 grados centígrados a finales de siglo, en lugar de los 4 grados con las políticas actuales.
La renta per cápita media mensual, que ahora se mueve en una horquilla de 290 euros en el África subsahariana a 4.590 en Norteamérica u Oceanía, pasaría a 5.000 euros en todo el mundo.
El 50 % más pobre de la población mundial pasaría de recibir el 8 % de los ingresos actualmente al 38 % en el horizonte de 2100, mientras el 10 % más rico reduciría su parte del 52 % al 18 %.
En términos de riqueza, el 50 % más pobre subiría del 2 % ahora al 30 % para fines de siglo, al tiempo que los multimillonarios (los que tienen un patrimonio superior a los 1.000 millones de euros) que ahora controlan el 6,4 %, se tendrían que contentar con el 0,05 %.
Esos ajustes se harían con impuestos mundiales a los más afortunados, de hasta el 20 % sobre la riqueza de los multimillonarios y un tipo impositivo de hasta el 90 % en el impuesto sobre la renta para los que más ganan.
El Laboratorio sobre la Desigualdad Mundial espera recaudar hasta un 10,3 % del PIB mundial que iría a un Fondo de Justicia Global que serviría para financiar medidas climáticas (3 %-4 % del PIB) y el resto para inversiones en educación y sanidad para el reequilibrio.
Un elemento fundamental de este proyecto es instaurar la «sobriedad» económica que, según puntualiza Piketty, no supone «dejar de trabajar ni detener cualquier posibilidad de prosperidad», pero sí «limitar la producción de bienes materiales», compensado con «más servicios de educación y de sanidad».
Esa menor producción se concentraría en los países ricos, con un crecimiento anual casi nulo (del 0-0,5 % anual) que tendría su parte supuestamente positiva en la reducción del tiempo de trabajo (de 1.500 horas anuales actualmente en Europa o 2.000 a escala global a 1.000 horas a finales de siglo).
