Washington, 25 feb (EFE).- Una jueza federal ordenó este martes el bloqueo indefinido del plan del Gobierno de Donald Trump de congelar la concesión de subvenciones y fondos federales para programas de salud o educación.
La magistrada Loren Alikhan del Distrito de Columbia, que ya había congelado la medida de manera cautelar semanas antes, aceptó la demanda presentada por el Consejo Nacional de Organizaciones No Lucrativas, la mayor red de ONG de EE.UU., para que se prohíba de manera preliminar a la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB por sus siglas en inglés) implementar las directivas establecidas en un memorando del pasado 27 de enero.
Ese documento requería que las agencias federales revisasen todos los programas de asistencia financiera y que suspendieran la distribución de fondos mientras se llevaba a cabo la mencionada revisión.
La jueza ordenó además a la OMB que proporcione una notificación escrita de la orden emitida hoy a todas las agencias a las que se envió el citado memorando e instó a estos organismos a que continúen desembolsando los fondos de aquellos programas que se vieron congelados.
Por último, el mandato preliminar ordena que las partes implicadas se reúnan para presentar antes del 1 de marzo un informe conjunto que proponga los próximos pasos a seguir en este procedimiento.
En su escrito, Alikhan indicó que los demandantes presentaron pruebas que muestran claramente que la congelación de fondos “sería económicamente catastrófica”, y concluyó que el “‘pánico nacional’ y el caos generalizado” causado por el plan de congelar fondos y subvenciones motivaron su dictamen en favor del “interés público”.
El proyecto se enmarcaba en la agresiva iniciativa de Trump de revisar el funcionamiento de la Administración pública en EE.UU..
El gobierno lo había justificado argumentando que es necesario garantizar que todos los fondos cumplan con las recientes órdenes ejecutivas firmadas por el presidente, que incluyen restricciones a los derechos de las personas transgénero y recortes en programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés).
La orden ejecutiva buscaba retrasar el desembolso de miles de millones de dólares para diversos programas, incluidos los de préstamos estudiantiles, y se estimaba que afectaría gravemente a investigación sanitaria, asistencia alimentaria o a organizaciones de apoyo a veteranos y personas con discapacidad, así como al envío de ayudas para aliviar los efectos de los recientes incendios de California.