San Diego (CA), 30 ene (EFE).- El Cajón, un pueblo del sur de California de mano dura con la inmigración, no apoyará las redadas de migración bajo el nuevo Gobierno de Donald Trump, y revocó una resolución reciente que lo hacía al considerar que los hace ver como “racistas”.
El Concejo municipal había aprobado a mediados del mes una resolución en apoyo a las autoridades de migración, cuando el presidente Trump todavía no asumía la presidencia. El alcalde, el republicano Bill Wells, la impulsó aún cuando contradecía leyes estatales que prohíben a los agentes del orden en California apoyar a oficiales del ICE.
Pero conforme pasaron los días, los miembros del Concejo, según narraron en una audiencia, comenzaron a recibir correos electrónicos y mensajes con quejas de residentes que temen ser detenidos por su aspecto y rasgos culturales.
La mitad de la población en esa localidad de poco más de 100 mil habitantes es blanca; otro 20 % es latina; sobresalen también refugiados de Irak y Afganistán con Estatus de Protección Temporal (TPS), y también hay comunidades africanas y asiáticas.
A los mensajes siguieron protestas, especialmente cuando comenzaron a registrarse las redadas.
Algunos miembros del cabildo modificaron entonces la resolución con reconocimiento a la población local inmigrante, pero todavía dejaron intacto el tema de la participación de la policía local en apoyo en redadas.
Los cambios incluyeron frases como el reconocimiento de “vibrantes y diversas comunidades inmigrantes” que tanto han aportado culturalmente y en diversidad a la ciudad.
Pero cuando las redadas comenzaron en el condado de San Diego y hubo detenciones a solo unos kilómetros de El Cajón, la presión de los residentes aumentó.
“Por qué debo llevar conmigo mi certificado de nacimiento para ir a comprar comestibles”, cuestionó una mujer.
Un hombre preguntó si los regidores que aprobaron la resolución consideraron que puede haber redadas de padres en escuelas elementales y preescolares.
Los miembros del cabildo revisaron la resolución, a excepción del alcalde Wells, que advertía que la administración Trump llevaría a juicio a los funcionarios que se nieguen colaborar con las detenciones de migrantes.
“Estamos entre la espada y la pared”, exclamó el alcalde cuando la mayoría del cabildo decidió revisar la resolución en una audiencia pública.
La concejala Michelle Metzchel dijo en la reunión que había recibido más de 100 correos electrónicos que le impactaron.
“Yo no quiero ser parte de esto; esto nos hace ver como racistas y yo no quiero ser parte. Había aprobado inicialmente la resolución, pero puedo ser una mujer adulta y puedo cambiar de parecer”, dijo.
La medida fue rechazada con base en la Ley de los Valores de California, que prohíbe a los funcionarios públicos y agentes del orden colaborar con autoridades de migración.
Yusef Miller, un dirigente musulmán en El Cajón, dijo que la resolución no tenía que ver con la seguridad ni el orden, sino que era “una muestra de racismo”.
Aumentan las redadas en San Diego
Se vieron convoyes de vehículos militares camuflados que cruzaron parte de la ciudad de San Diego para llegar a una base militar en Imperial Beach, en la frontera con Tijuana (México).
ICE empezó operativos en San Diego en coordinación con el FBI y la DEA, advirtió el dirigente Pedro Ríos, del Comité de Servicios de los Amigos Americanos.
Comenzaron a buscar personas con órdenes de deportación por antecedentes o porque habían agotado posibilidades ante una corte.
Los operativos se iniciaron en Escondido y Encinitas, y pronto se extendieron a El Cajón, la ciudad de San Diego, Oceanside, San Marcos.
En San Diego los operativos son en zonas de la ciudad con comunidades de inmigrantes y diversas, como City Heights y North Park.
Los organismos humanitarios comenzaron a aconsejar a los migrantes, con avisos como “tienen derecho a guardar silencio, a no firmar nada sin presencia de sus abogados”, o “los agentes no pueden entrar a su casa sin una orden judicial”.
Uno de los agentes de inmigración subió un video en que se registra su llegada a una casa, llama y una mujer responde sin abrir. El agente insiste en que se le abra la puerta, y la mujer dice que no podía abrir a menos que le presentaran una orden firmada por un juez.
Molesto, el oficial advirtió: “voy a ir por esa orden y entonces voy a deportar a todos los que estén en esta casa”.