Naciones Unidas, 23 dic (EFE).- El Tratado internacional del Comercio de Armas (TCA) cumple mañana una década desde su entrada en vigor el 24 de diciembre de 2014, precisamente en el año en que se acumula en el mundo un mayor número de guerras, desde las más visibles (Gaza, Líbano, Ucrania) a las olvidadas que siguen desangrando países como Sudán, Yemen, Libia o Birmania.
En esta década, 116 países (un 60 % del total) han ratificado el TCA y están obligados a cumplirlo, pero hay otros 26 que lo han firmado sin ratificarlo, y entre ellos se encuentran algunos de los mayores suministradores de armas del mundo como Estados Unidos, Israel, Turquía o Emiratos Árabes. Otras grandes potencias armamentísticas como Rusia o India ni siquiera lo han firmado.
El tratado tuvo como principal logro que prohíbe el comercio de armas cuando un gobierno sabe que pueden usarse para cometer genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y obliga a sus firmantes a evaluar el riesgo de que cada operación de venta de armas acabe utilizándose para esos supuestos.
Sin embargo, como destaca Alberto Estévez, investigador de Amnistía Internacional especializado en el tema, el tratado, aun siendo “una herramienta muy poderosa para salvar vidas”, venía lastrado por varias deficiencias de origen: carece de mecanismos de sanción, no incluye armas consideradas de uso policial (gases lacrimógenos, balas de goma, porras) y no tiene aplicación en el ámbito del transporte.
Aun así, supone “un enfoque revolucionario” para regular las transferencias de armas porque “obliga a adoptar un enfoque preventivo y prestar atención a factores estructurales”; además, ha hecho posible invocarlo para recurrir ante tribunales nacionales decisiones discutibles sobre exportación de armas, como de hecho ha sucedido en cortes de Francia, Reino Unido, Bélgica o Países Bajos.
Múltiples conflictos inundados de armas extranjeras
Estévez reconoce que la aplicación, más que la propia letra del tratado, tiene mucho que ver con la voluntad política y “cuánto pesan los derechos humanos” en las decisiones sobre la exportación de armas. Eso explica que en conflictos como los de Libia o Yemen estén literalmente inundados de armas extranjeras que entran con enorme facilidad, según reconocen impotentes altos funcionarios de la ONU.
Y aunque China objetara la inclusión en el tratado de las “armas pequeñas” o EEUU hiciera lo mismo con la munición, finalmente la presión de los demás países les hizo dar su brazo a torcer. Más difícil ha sido convencer a países con grandes compañías navieras (como Dinamarca con Maersk) para que les obliguen a respetar las cláusulas del tratado.
Otro problema surgido tras la ratificación es el recurso de muchos países al desvío para difuminar el origen de un cargamento para hacer llegar las armas a través de terceros, algo que está sucediendo en Sudán, un país en el que desde hace 20 años hay un flujo constante de armas chinas, recuerda el experto.
Miles de millones en armas estadounidenses contra Gaza
En el caso de la guerra de Gaza, uno de los conflictos más devastadores de la era contemporánea, el TCA no ha impedido en lo fundamental la entrada de armas para Israel, pero ha permitido la presentación de impugnaciones judiciales, lo que ha contribuido a dar visibilidad a unas operaciones que prefieren siempre la opacidad.
Aun así, la justicia holandesa ordenó paralizar la transferencia de piezas de aviones F35, la región belga de Valonia suspendió dos licencias de exportación de pólvora y el Reino Unido suspendió algunas licencias de venta de armas al país hebreo.
Pero todo esto son apenas detalles ante el flujo constante de armas desde Estados Unidos, el principal suministrador de Israel, que desde el principio de la guerra ha transferido más de 17.900 millones de dólares en armas para su aliado y ha aprobado más de 20.000 millones en nuevas ventas.
Y Estados Unidos no se contenta solo con vender, sino que también presiona a países que interponen alguna traba a buques estadounidenses con armas para Israel: en este momento la Comisión Marítima Federal de EEUU amenaza con sanciones a España por haber vetado la escala en los puertos de Algeciras y Cartagena de dos buques con armas los pasados 8 y 14 de noviembre.