Tucson (AZ), 1 nov (EFE).- La Oficina del Secretario de Estado de Arizona, Adrian Fontes, deberá entregar a más tardar el próximo lunes la lista de cerca de 100.000 votantes, la mayoría de ellos republicanos, que no presentaron prueba de ciudadanía al momento de registrarse.
El juez de la Corte Superior del Condado Maricopa, Scott Blaney dictaminó que la oficina de Fontes debe divulgar esta lista a los 15 representantes de elecciones de cada condado en el estado.
Esta información también podrá ser compartida con algunos legisladores estatales, pero estos tendrán que firmar un documento asegurando que no lo compartirán con nadie más.
La decisión del juez responde a una demanda interpuesta por el grupo Strong Communities Foundation of Arizona, conocido como EZAZ, que solicitó la lista bajo la ley de información pública.
El juez aclaró que ningún miembro de EZAZ puede contactar a ninguna persona que esté en esta lista hasta después de las elecciones del próximo martes.
Sin embargo, Fontes advirtió al juez en una misiva que entregar esta información y hacerla pública podría desencadenar actos violentos, poniendo quizás en riesgo la seguridad de estos votantes.
El mes pasado, la Oficina del Secretario de Estado informó haber descubierto una falla en el sistema del Departamento de Motores y Vehículos de Arizona que permitió a cerca de 100.000 votantes registrarse para votar sin tener que comprobar su ciudadanía.
Esto debido a que en su mayoría presentaron una licencia de conducir emitida antes de 1996, fecha en que Arizona comenzó a solicitar prueba de ciudadanía al momento de otorgar el permiso de manejo.
Una ley estatal en Arizona obliga a todas las personas que se registran a votar presentar documentación que compruebe su ciudadanía como es el acta de nacimiento o pasaporte.
Fontes aseguró que la mayoría de los afectados son personas mayores de 45 años, registrados como republicanos.
La corte estuvo de acuerdo con Fontes permitiendo que estos votantes puedan participar en las elecciones del martes, emitir su voto y después presentar pruebas adicionales de ciudadanía.
Fontes analiza la posibilidad de presentar una apelación a esta decisión.