Ciudad de México, 24 oct (EFE).- El Senado de México inició la noche de este jueves la discusión de un dictamen que busca establecer la improcedencia de amparos y controversias contra reformas a la Constitución.
El proyecto de reforma a los artículos 105 y 107 constitucionales avanzó con la mayoría oficialista en comisiones, en medio de una polémica desatada desde su origen por reforzar la soberanía del poder legislativo frente al judicial y las calificaciones de impulsar una supremacía constitucional.
La medida también surge como mecanismo para blindar reformas constitucionales recién aprobadas por la mayoría oficialista en el Congreso mexicano como la elección de jueces, que ha recibido al menos dos suspensiones por jueces federales, y otras en el tintero como la eliminación de órganos autónomos, en medio de acusaciones contra el Poder Judicial de ser corrupto y no imparcial.
Al presentar el dictamen, el senador oficialista Óscar Cantón Zetina, a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales señaló que el fin de la reforma es precisar que no procederán las acciones de inconstitucionalidad ni las controversias constitucionales contra reformas aprobadas por el Congreso, así como evitar que el juicio de amparo sea utilizado para impugnar estas modificaciones.
Durante la sesión, los senadores se enfrascaron en el debate con posturas contrastantes, donde los legisladores del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) defendieron la reforma, argumentando que esta medida evitará que el Poder Judicial obstaculice los cambios promovidos por el Legislativo, en consonancia con lo que consideran el mandato popular.
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, subrayó desde tribuna que la reforma no atenta contra el derecho de amparo de las personas, sino que busca impedir que este recurso sea utilizado para “dañar al pueblo”.
En su intervención, acusó a la oposición de estar alejada del sentir popular y de utilizar el Poder Judicial para detener la transformación democrática del país.
Por su parte, legisladores de oposición mostraron su total rechazo al dictamen, entre ellos el senador Ricardo Anaya Cortés, quien calificó la propuesta como un intento de centralizar el poder y limitar los recursos legales con los que los ciudadanos pueden defenderse de posibles abusos de las autoridades.
Anaya cuestionó qué sucedería si en una reforma constitucional se vulnera algún derecho fundamental, advirtiendo que no habría forma de impugnarlo.
Por su parte, los partidos de oposición presentaron mociones suspensivas, argumentando que la reforma es un paso hacia la instauración de una dictadura en México, sin que fueran tomadas en cuenta por la mayoría legislativa de la Cámara alta del Congreso.
Aunque el dictamen cuenta con el respaldo mayoritario de Morena y sus aliados los Partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), el debate promete extenderse ante la resistencia de los partidos de oposición, que insisten en que la medida pone en riesgo el equilibrio de poderes en el país.
De aprobarse, esta reforma representaría un cambio significativo en el sistema jurídico mexicano, limitando las vías legales para impugnar las decisiones del Congreso y reforzando el control del poder legislativo sobre las reformas constitucionales.