Miami, 18 oct (EFE).- Un peruano que a través de un centro de llamadas en ese país extorsionó y participó en un fraude de 15 millones de dólares a consumidores hispanos en EE.UU., a los que se amenazaba falsamente con arrestos, fue condenado a 8 años de cárcel, informó este viernes la Fiscalía Federal del Sur de Florida.
José Alejandro Zúñiga Cano, de 40 años y natural de Lima, fue condenado a 98 meses de prisión y a pagar 700.000 dólares en concepto de restitución a más de 1.100 víctimas del fraude.
Zuñiga se declaró en julio pasado culpable de ser el propietario de un centro de llamadas en Lima que defraudaba a consumidores estadounidenses de habla hispana, a los que amenazaba con consecuencias legales si no pagaban por material de aprendizaje del idioma inglés que nunca solicitaron.
Entre los engaños, Zúñiga y sus cómplices afirmaban falsamente a las víctimas que habían ganado o calificado para recibir productos gratuitos, incluidas tabletas y cursos de inglés.
Los culpables defraudaron a más de 30.000 residentes de habla hispana en Estados Unidos, muchos de los cuales eran inmigrantes recién llegados que habían expresado interés en aprender inglés, indicó la Fiscalía.
Zuñiga y sus cómplices se hicieron pasar por abogados, funcionarios judiciales, agentes de policía y representantes de un supuesto “tribunal de delitos menores” para intimidar a las víctimas y obligarlas a enviar los pagos que les exigían.
Amenazaron a las víctimas con procedimientos judiciales, arresto y consecuencias migratorias, de no hacerlo.
“El largo brazo del sistema de justicia estadounidense no tiene límites cuando se trata de llegar a los estafadores que se aprovechan de las poblaciones más vulnerables de nuestra nación, entre las que se incluyen los ancianos y los inmigrantes recientes”, dijo Markenzy Lapointe, fiscal federal para el Distrito Sur de Florida.
Subrayó Lapointe que su fiscalía no permitirá que “los delincuentes transnacionales utilicen tácticas de miedo e intimidación para robar dinero del público al que servimos”.
Un total de ocho propietarios-operadores de centros de llamadas peruanos y cuatro propietarios-operadores de centros de distribución que procesaron pagos, distribuyeron productos y facilitaron el fraude en Estados Unidos formaban parte de este plan de fraude.
Las víctimas que pagaron la extorsión fueron posteriormente “revictimizadas” por Zúñiga y sus cómplices con un falso plan de restitución.
Según documentos judiciales, los estafadores realizaron llamadas adicionales a las víctimas que ya habían pagado haciéndose pasar por abogados de un tribunal estadounidense.
Los impostores dijeron a las víctimas que tenían derecho a pagos de restitución y que recibirían su dinero si pagaban al abogado que supuestamente presentaba el caso en su nombre.