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Ocho personas enfrentan 40 años de pena por contrabando de drogas en cárcel de Puerto Rico

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San Juan, 23 jul (EFE).- Ocho personas podrían ser condenadas hasta a 40 años de prisión por presuntamente intentar introducir drogas ilícitas a una cárcel federal en Puerto Rico, entre otros cargos, informó este martes la Fiscalía federal en San Juan.

Según un comunicado, los acusados enfrentan cargos por aparentemente conspirar para facilitar el contrabando en el Centro de Detención Metropolitano en Guaynabo, conspiración y posesión con intención de vender sustancias controladas y conspiración para cometer robo de identidad.

De acuerdo con documentos judiciales, entre el mes de julio de 2023 y el 22 de mayo de este año, los acusados conspiraron para proveerle medicamentos controlados como Suboxone, ketamina y fentanilo a algunos presos de dicha cárcel.

Seis de los ocho acusados enfrentan también cargos por robo de identidad agravado, según detalla un pliego acusatorio con 14 cargos, por los cuales un gran jurado federal los culpó el pasado jueves, indicó la fiscalía en la nota emitida este martes.

“Este caso debe enviarle un mensaje claro a aquellos que intentan introducir material ilegal a cualquier instalación federal, pues los investigaremos y procesarlos”, indicó el jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, W. Stephen Muldrow.

Por su parte, el jefe del FBI en Puerto Rico, Joseph González, reconoció que el contrabando en instituciones penales “continúa siendo una significante amenaza”.

“La exposición a narcóticos, específicamente fentanilo, puede provocarle la muerte a un preso con ligereza o a cualquier oficial dentro de la prisión”, sostuvo.

Si los acusados son encontrados culpables, podrían enfrentar una pena de 20 años en prisión por cargos de narcotráfico, 10 años por posesión de fentanilo en una cárcel, 5 años por intento de proveer Suboxone en un penal y otros lustro por conspirar para contrabando.

Los acusados también enfrentan una pena máxima de 20 años por conspirar por robo de identidad y una sentencia mandatoria consecutiva de 2 años por robo agravado de identidad.

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