Nueva York, 10 jun (EFE).- El estado de Nueva York se dispone a restringir aspectos perjudiciales de las redes sociales para los menores de 18 años tras la aprobación de dos proyectos de ley que fueron aplaudidos este lunes por las autoridades y la sociedad civil, aunque las normas aún afrontan desafíos en su proceso de entrada en vigor.
Esa legislación, impulsada por la Fiscalía general y centrada en funciones perjudiciales para la privacidad y la salud mental de los niños, fue aprobada por los legisladores el pasado viernes, pero hoy se sucedían los comentarios positivos de asociaciones de padres, sindicatos de profesores y grupos de protección infantil.
Por ejemplo, la Latino Social Work Coalition & Scholarship Fund consideró que las normas “equipan a los padres” contra las “prácticas depredadoras” de las plataformas, mientras que el sindicato New York State United Teachers señaló que los educadores “ven todos los días los efectos perjudiciales de las redes sociales en los niños”.
La Ley “SAFE” para niños, por un lado, y la Ley de Protección de datos infantiles de Nueva York, por otro, ambas pendientes de firma de la gobernación, buscan limitar los “feeds adictivos” (contenidos que aparecen en la pantalla principal de una red social, a discreción de un algoritmo) y reducir la comercialización de los datos de los menores de edad.
No obstante, una vez la gobernadora Kathy Hochul firme las dos leyes, algo a lo que se ha comprometido, hay un margen de aplicación comenzando por el establecimiento de regulaciones y penalizaciones por parte de la Fiscalía general, tras lo que la primera ley tardará 180 días en entrar en vigor y la segunda, un año.
Entre otras cosas, las plataformas como TikTok o Instagram tendrán prohibido enviar notificaciones sobre contenidos adictivos durante la noche a los usuarios menores sin consentimiento de sus padres, con multas de hasta 5.000 dólares por violación.
Por parte de las empresas tecnológicas ya ha habido oposición, incluyendo la de la patronal NetChoice, que llevó a los tribunales ley similares en los estados de California, Ohio y Arkansas, y que ahora considera que Nueva York impone “normas draconianas”, inconstitucionales y que equivalen a la censura.