Ciudad de México, 24 abr (EFE).- Un juzgado de Ciudad de México dio el amparo cautelar a las organizaciones civiles que pedían proteger los memoriales a personas desaparecidas colocados en el Zócalo, frente al Palacio Nacional donde vive el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que las Fuerzas Armadas retiraron en marzo.
En un comunicado difundido este miércoles, la Glorieta de las y los Desaparecidos, la Red Regional de Familias Migrantes y cinco organizaciones más se congratularon de la decisión judicial provisional emitida el pasado 16 de abril.
“(El juez) ordenó el resguardo de los memoriales a fin de evitar que el Gobierno federal los destruya, lo cual representa un logro para las familias y el derecho a la memoria de las personas desaparecidas”, rezó el texto.
Según los colectivos firmantes, el Gobierno de López Obrador instruyó a mediados de marzo a los “militares que custodian el Palacio Nacional” retirar los cuatro memoriales que se instalaron desde principios de año en el Zócalo capitalino.
La decisión gubernamental llegó pocos días después de que colocaran un recuerdo a Marco Antonio Amador, un joven hondureño de 22 años que desapareció hace 11 años mientras cruzaba México para llegar a Estados Unidos.
“En respuesta a este hecho injusto, las familias afectadas promovimos un amparo para solicitar la protección de la Justicia de la Unión al considerar que el retiro de los memoriales violenta nuestros derechos humanos a la memoria, protesta, manifestación, legalidad y seguridad jurídica”, explicaron.
Así, apremiaron a las instancias judiciales a “ordenar la reinstalación” y que, al resolver definitivamente el amparo, “tome en consideración que se trata de un acto de memoria y protesta”.
Las organizaciones añadieron que presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que, según lamentaron, “ha considerado que la memoria no es un derecho humano”, por lo que “ha estimado que el retiro no representa una violación” de dichos derechos.
Aún así, hasta la fecha no han recibido una notificación oficial sobre el posicionamiento del organismo.
“A pesar de esos ataques (de autoridades), como familias seguiremos luchando contra el olvido y hasta que tengamos de regreso a nuestros familiares y el Estado asuma su responsabilidad de garantizarnos justicia”, aseveraron.