Washington, 21 mar (EFE).- La Administración del presidente estadounidense, Joe Biden, urgió este jueves al Congreso a aprobar el impuesto mínimo global para las grandes multinacionales que ya aplican otras jurisdicciones como la Unión Europea (UE) y países como el Reino Unido o Canadá, pero que en Estados Unidos lleva casi tres años estancado en el Senado.
La encargada de pronunciar ese llamamiento fue la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, durante una comparecencia ante un comité del Senado, en la que defendió la necesidad de aumentar los impuestos a las grandes empresas como ha propuesto la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
“El presidente Biden y yo seguimos instando al Congreso a actuar para que Estados Unidos desempeñe su parte en el acuerdo del impuesto mínimo global, que actualmente se está implementando en jurisdicciones de todo el mundo para poner fin a la carrera a la baja en la tributación corporativa”, afirmó Yellen.
La petición del Ejecutivo de Biden al Congreso se produce cuando a partir de este año se empieza a aplicar ese impuesto mínimo global en la Unión Europea (UE) y en países como el Reino Unido, Japón, Corea del Sur y Canadá.
Con esa iniciativa, los países y jurisdicciones implicados se comprometen a aplicar un tipo mínimo del 15 % para los beneficios de las grandes empresas que facturan más de 750 millones de euros (812 millones de dólares).
En Estados Unidos, esas grandes empresas pagan un 21 % de impuestos sobre sus ganancias, más que ese 15 % global; pero luego pueden recurrir a numerosas deducciones fiscales y otras herramientas para minimizar la cantidad que terminan pagando al fisco.
Hasta ahora hay 45 jurisdicciones que han dado diferentes pasos para poner en marcha este tipo mínimo del impuesto de sociedades, resultado del acuerdo histórico logrado en 2020 por cerca de 140 jurisdicciones impulsado por la OCDE.
Entre ellos están los miembros de la UE, donde el acuerdo entró en vigor el 1 de enero pero también otros grandes países desarrollados, como Japón, Reino Unido, Corea del Sur, Canadá, Australia o Noruega.
Faltan muchos otros por concretar ese compromiso en su legislación interna, como las dos mayores economías mundiales: Estados Unidos y China.