San Juan, 21 feb (EFE).- El aumento dramático de los alquileres a corto plazo en Puerto Rico, combinado con la falta de una regulación robusta, han provocado un acceso limitado a la vivienda y el desplazamiento de las comunidades, según un nuevo informe publicado este miércoles.
El documento ‘Propuestas para reducir el impacto de los arrendamientos a corto plazo (ACP) en el desplazamiento de las comunidades’ fue presentado por la organización latina sin fines de lucro Hispanic Federation.
En menos de una década, el número de ACP en Puerto Rico aumentó aproximadamente de 1.000 en 2014 a más de 25.000 en 2023, fomentando la gentrificación y la competencia comercial desleal.
“El turismo siempre será una parte importante de la economía de Puerto Rico; sin embargo, no puede hacerse a expensas de los residentes y las comunidades”, expresó Frankie Miranda, presidente de Hispanic Federation.
Miranda agregó que el Gobierno de Puerto Rico tiene la responsabilidad de “balancear las oportunidades creadas por los arrendamientos a corto plazo con su deber principal de proteger los derechos y las necesidades de las comunidades”.
El informe recomienda nuevas políticas y soluciones para proteger a las comunidades del desplazamiento, promover vivienda asequible y regular los arrendamientos a corto plazo como negocio, entre otros.
Las recomendaciones incluyen clasificar ciertos arrendamientos a corto plazo como negocios y aplicar las licencias y permisos; y distinguir entre propietarios de múltiples unidades de ACP de aquellos con residencias principales que ocasionalmente alquilan para suplementar sus ingresos.
También aconsejan aumentar el impuesto por habitación de su actual 7 % a un rango entre 9 y 11 % para apoyar la fiscalización y los servicios públicos, según los participantes del informe, que no recomiendan en ningún caso prohibir los ACP.
Hispanic Federation le comisionó el informe a la organización El Enjambre, que se reunió con comunidades afectadas en la isla, expertos en planificación, leyes y bienes raíces, y otros interesados como las asociaciones de titulares de condominios y de hoteles y turismo.
Mariana Reyes, directora del Taller Comunidad la Goyco, una organización de base comunitaria en la calle Loíza en San Juan, denunció que en su sector se han reducido significativamente las opciones de vivienda y, sin embargo, hay 622 unidades disponibles como alquileres a corto plazo.
Gloria Cuevas, una residente desplazada de su comunidad en Rincón y que ahora vive en Mayagüez, indicó que “este fenómeno ha puesto al descubierto la brecha que existe entre las clases sociales” en Puerto Rico.