Ciudad de México, 20 feb (EFE).- Emilio Lozoya, director de Petróleos Mexicanos (Pemex) entre 2012 y 2016, abandonó este martes por la noche el reclusorio (cárcel) norte en Ciudad de México luego de que un juez de amparo le otorgó su libertad para llevar su proceso en prisión domiciliaria por el caso Odebrecht.
Lozoya, de 49 años, salió del centro penitenciario a las 19.39 horas (01.39 GMT del miércoles) en un vehículo de lujo y sin que pudiera ser visto por los medios de comunicación, debido a una estrategia para ocultarse.
Lozoya, quien dirigió la petrolera del Estado bajo la administración del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) estaba preso desde hace poco más de dos años, noviembre de 2021, y buscaba su libertad condicional con un cambio de medidas cautelares a prisión domiciliaria con el uso de un brazalete electrónico, pero la decisión se había postergado en varias ocasiones.
A partir de ahora, el exfuncionario podrá transitar por toda Ciudad de México, pero no podrá salir de la ciudad ni fuera de México y deberá acudir cada 15 días a firmar el libro de procesados.
Este martes, un juez mexicano otorgó la libertad procesal a Lozoya, principal implicado en el país en el escándalo de sobornos de la brasileña Odebrecht, por lo que quedaría en prisión domiciliaria, según la Fiscalía General de la República (FGR).
“El día de hoy, el juez de amparo Juan Pedro Contreras Navarro, lo deja (a Lozoya) en libertad procesal para que así continúe su juicio, porque considera que no existe riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia, haciendo caso omiso de que dicho individuo fue aprehendido en España, después de haberse dado a la fuga”, informó la FGR en un comunicado.
Pese a la decisión, la FGR dejó “muy claro” que Lozoya “no ha ganado ningún juicio al que el Ministerio Público de la Federación lo ha sometido” y recalcó que el exdirectivo solo ha obtenido de jueces y magistrados “privilegios procesales totalmente injustos y desproporcionados”.
Señaló que dichas resoluciones se dictaron de forma “parcial e ilegal” por jueces y magistrados, a quienes acusó de excluir pruebas obtenidas de forma lícita en Brasil y Suiza.
Asimismo, argumentó que el juez benefició a Lozoya “injustamente” al eximirlo de la reparación del daño en otro caso de presunta corrupción, el de la compra fraudulenta la planta Agronitrogenados, al alegar que el pago ya lo había hecho el empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (Ahmsa).
Argumentó que estos privilegios “injustos, inequitativos y parciales” son “inaceptables”, por lo que de forma inmediata presentará un recurso de revisión “para obtener la justicia en este caso”.
Lozoya, arrestado en España a comienzos de 2020 y extraditado a México a mediados de ese año, tiene dos procesos diferentes ante la Justicia mexicana, uno por la compra a sobreprecio de Agronitrogenados al empresario Ancira a cambio de sobornos.
Y el segundo, el que lo mantenía en prisión, por haber recibido presuntamente 10,5 millones de dólares en sobornos de la brasileña Odebrecht durante la campaña y posterior Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), acusado de usar el dinero para aprobar la cuestionada reforma que abrió el sector energético a la inversión privada.
Lozoya era el exfuncionario en prisión de mayor perfil de la presidencia de Peña Nieto, lo que se enmarcaba dentro de la lucha anticorrupción del actual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.
La FGR ha pedido una condena de hasta 39 años de prisión para Lozoya por asociación delictiva, lavado de dinero y cohecho.
