Washington, 9 feb (EFE).- Las menciones sobre el estado cognitivo del presidente estadounidense, Joe Biden, en un informe judicial han puesto en el punto de mira su capacidad para gobernar. Frente a la defensa de la Casa Blanca, que las tachó este viernes de imprecisas y gratuitas, un grupo de republicanos reclama ya su inhabilitación.
Desató la tormenta política y mediática el informe que el fiscal especial Robert Hur publicó el jueves con las conclusiones de la investigación que se le realizó por la retención de documentos clasificados de su época de vicepresidente de Barack Obama (2009-2017).
Aunque no se encontraron pruebas que justificaran cargos en su contra, entre sus casi 400 páginas se apunta que demostró “una memoria significativamente limitada” en los interrogatorios y que su estado en 2023 había empeorado en comparación con grabaciones que se tenían de 2017.
Biden, de 81 años, intentó el jueves cortar en seco el alcance de esos comentarios, pero en su breve intervención ante la prensa, que se añadió a última hora a su agenda, avivó la polémica al refirirse al presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, como al “presidente de México”.
Defensa unánime de la Casa Blanca
Tanto la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, como Ian Sams, asesor del mandatario, quisieron centrar este viernes el foco en la conclusión principal del informe: que Biden no tomó de forma intencionada documentos clasificados y que tampoco los compartió.
La parte referente a su memoria, precisó Jean-Pierre, “no se ajusta a la realidad”: “Es gratuita e inaceptable. El caso está cerrado”, dijo en una conferencia de prensa que tuvo alusiones constantes a su capacidad para ejercer.
La portavoz destacó que Biden es consciente de lo que se dice de él y es el primero en bromear sobre su edad.
Entiende lo que los votantes puedan pensar, dijo, pero en el fondo de la cuestión, a su juicio, lo importante es que “es un presidente que ha ofrecido resultados y que lo seguirá haciendo para los estadounidenses”.
La vicepresidenta, Kamala Harris, ha manifestado que el informe tenía “motivaciones políticas”, y el asesor de Biden ha dejado caer, en referencia a Hur, que “cuando eres el primer fiscal especial de la historia que no acusa a nadie, hay presión para criticar y hacer declaraciones que tal vez de otro modo no harías”.
El caso se ha magnificado en pleno año electoral. Biden no tiene rivales de peso en el bando demócrata de cara a las presidenciales de noviembre y el exmandatario Donald Trump (2017-2021) es el favorito para hacerse con la nominación republicana.
Críticas republicanas
Trump, que entre otros casos penales está imputado por haberse llevado de la Casa Blanca documentos clasificados al abandonar el poder, criticó el jueves que Biden se haya librado de una acusación: “¡Sus crímenes están siendo BARRIDOS BAJO LA ALFOMBRA!”, lamentó en un comunicado.
El presidente del Comité de Vigilancia y Rendición de Cuentas de la Cámara de Representantes, James Comer, reclamó este viernes que se difundan las transcripciones de los interrogatorios efectuados a Biden.
“¡Claramente la Administración más transparente de la historia estadounidense”, clamó con sarcasmo después de que el asesor presidencial apuntara que no tiene ningún anuncio que hacer al respecto pero recordara al mismo tiempo que se trata de información clasificada.
Desde la bancada conservadora se exige además la inhabilitación de Biden. Su argumento se apoya en la enmienda 25 de la Constitución, que contempla que miembros del gabinete puedan apartar al presidente de sus funciones en caso de que le consideren incapaz de desempeñar los poderes y deberes del cargo.
Según el legislador Josh Hawley, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, debería invocar la enmienda 25 en caso de no imputar a Biden: “Una cosa o la otra”, reivindicó este viernes en una entrevista en la cadena Fox News.