Toronto (Canadá), 28 jun (EFE).- La aprobación en Quebec de una controvertida ley que restringe aún más el uso del inglés en la provincia canadiense amenaza con provocar un nuevo conflicto lingüístico que está abocado a llegar hasta las Naciones Unidas.
La norma, conocida como “Bill 96”, consta de más de 200 cláusulas con el objetivo, según el Gobierno provincial, de reforzar el uso del francés, la única lengua oficial de Quebec, en todos los aspectos de la vida cotidiana, desde el sistema educativo a los tribunales pasando por los servicios municipales y los registros civiles.
La propuesta ha provocado una fuerte reacción entre las minorías en Quebec, especialmente la población angloparlante, y activistas que consideran que sus derechos están siendo pisoteados por el Gobierno quebequés.
En mayo, centenares de personas se manifestaron durante días en Montreal en contra de la ley, una situación que evoca el otro gran conflicto lingüístico de Quebec, el que se inició en 1977 cuando se aprobó la Carta de la Lengua Francesa, o ley 101.
Sobre esa norma, el Tribunal Supremo de Canadá determinó en 1988 que algunas secciones eran anticonstitucionales porque obligaban a que los letreros comerciales en las calles de Quebec tuviesen que estar de forma exclusiva en francés.
La máxima autoridad judicial canadiense dijo que la obligación violaba la libertad de expresión protegida por la Carta Canadiense de los Derechos y las Libertades que forma parte de la Constitución del país.
Pero el Gobierno de Quebec ignoró la decisión al utilizar una cláusula constitucional, la llamada cláusula derogatoria, que permite que las provincias hagan caso omiso de la Carta Canadiense de los Derechos y las Libertades.
El uso de la cláusula derogatoria cerró todas los recursos legales en Canadá. Pero en 1993, un grupo de quebequeses acudieron a varios abogados de derechos humanos, entre ellos Julius Grey, y denunciaron a Quebec ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El comité de la ONU dijo que las cláusulas efectivamente violaban la libertad de expresión de los demandantes y Quebec se vio obligada a cambiar la ley.
Grey, un profesor universitario de 73 años de edad especializado en derecho constitucional, es ahora una de las principales voces contra la ley 96 y en una entrevista con Efe declaró que está dispuesto a acudir otra vez a la ONU para que Quebec retire el nuevo texto legislativo.
El abogado denunció que, como a finales del siglo pasado, el Gobierno del primer ministro quebequés, Francois Legault, ha vuelto a utilizar la cláusula derogatoria para que los tribunales canadienses no puedan dictaminar la ilegalidad de ley 96 por violar los derechos de las minorías.
“Vivimos en un país democrático y una parte ha sido desechada. Así que la única manera de luchar será en el escenario internacional. No sé si lo ganaremos ahí porque hay que recordar que en las décadas de los ochenta y noventa, la libertad de expresión era mucho más importante”, explicó Grey.
“Ahora no es así. Así que no es seguro que vayamos a ganar pero es la única manera de combatirlo”, insistió.
Grey considera que la ley 96 es incluso peor que las cláusulas derogadas por la ONU a finales del siglo XX porque mientras que esas sólo se referían a los letreros comerciales, la nueva normativa es más general.
Entre otras medidas, la nueva ley impone el uso generalizado del francés en empresas con un mínimo de 25 trabajadores y en sectores regulados por las autoridades federales, como bancos y telecomunicaciones.
Además, restringe aún más el uso del inglés en la escuela secundaria y entre los estudiantes anglófonos de los colegios técnicos que existen en la provincia.
También obliga a los refugiados a aprender francés en seis meses. Tras ese periodo, los recién llegados sólo tendrán acceso a servicios en francés.
Y aunque la ley se limita a Quebec, su aprobación supone la modificación de la Constitución canadiense, que nunca fue aprobada por la provincia, con la inclusión de dos nuevos artículos.
El artículo 90Q.1 establece que “los quebequeses forman una nación” y el 90Q.2 que “el francés será la única lengua oficial de Quebec. Es también el lenguaje común de la nación de Quebec”.
El Gobierno y Parlamento canadienses han declarado que Quebec está capacitada legalmente para incluir estos dos artículos en la Constitución canadiense. Pero muchos expertos constitucionales prevén que el Tribunal Supremo del país tendrá que intervenir para establecer su legalidad.