Toronto (Canadá), 1 dic (EFE).- La minera canadiense First Quantum Minerals (FQM) advirtió este viernes que el cierre de la mina Cobre Panamá tendrá consecuencias medioambientales que no han sido previstas por la Corte Suprema de Justicia y que la sentencia pone en peligro los programas de protección financiados por la compañía.
La empresa aseguró en un comunicado que “está solicitando detalles adicionales con respecto a la sentencia y sus implicaciones” y añadió que le constan los comentarios realizados por el presidente panameño, Laurentino Cortizo, de que “habrá un proceso de transición” para el cierre de Cobre Panamá.
FQM, cuya subsidiaria Minera Panamá SA (MPSA) opera Cobre Panamá, destacó que la decisión de la Corte Suprema “no considera un escenario planificado y gestionado de cierre en el que se requieren medidas medioambientales claves” para mantener la seguridad en el emplazamiento.
En concreto, FQM se refirió a las balsas de almacenamiento de relaves y el tratamiento de aguas para evitar roturas.
Además, señaló que se tendrá que considerar el futuro de los programas de rehabilitación, reforestación y conservación de especies, “así como la protección de casi el 20 % del total de las áreas protegidas de Panamá” que son actualmente financiadas por Cobre Panamá.
FQM alertó también que, ante la sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las declaraciones de Cortizo, “suspende sus previsiones de producción para Cobre Panamá” en 2023 y confirmó que ha iniciado dos procesos de arbitraje.
El 29 de noviembre, MPSA “inició un arbitraje ante el Tribunal Internacional de Arbitraje para proteger sus derechos bajo el acuerdo de concesión de 2023 que el Gobierno de Panamá acordó a principios de este año”.
Además, el 14 de noviembre, FQM notificó al Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá su intención de “iniciar un proceso de arbitraje para hacer cumplir sus derechos bajo la ley internacional de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Panamá”.
El pasado martes, CSJ declaró inconstitucional el contrato ley aprobado el 20 de octubre por el Gobierno de Cortizo para la renovación de la explotación de Cobre Panamá por infringir 25 artículos de la Constitución panameña.
La renovación del contrato por un proceso exprés causó semanas de graves protestas en la nación centroamericana que causaron la muerte a al menos cuatro personas y amenazaron la estabilidad política del Gobierno de Cortizo.
El jueves, el ministro de Comercio e Industrias panameño que negoció el contrato de renovación, Federico Alfaro, presentó su dimisión para “dar espacio al diálogo amplio y sincero que reclama el país”. EFE
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