Nueva York, 23 jun (EFE).- La fiscal general de Nueva York, Letitia James, aseguró este jueves que es “increíblemente decepcionante” la decisión del Tribunal Supremo, el más alto foro judicial del país y de mayoría conservadora, que amplió hoy el derecho a portar armas en el país al tumbar una ley del estado de Nueva York que prohíbe llevar armamento en público.
James indicó en un comunicado que durante más de un siglo esta ley ha protegido a los neoyorquinos de daños al garantizar que existan regulaciones “razonables y apropiadas” para las armas de fuego en espacios públicos.
No obstante, advirtió que trabajará con la gobernadora, Kathy Hochul, y la legislatura estatal para continuar “defendiendo la constitucionalidad de las leyes” de Nueva York.
“Quiero asegurar a los neoyorquinos que nuestras sólidas leyes de protección de armas permanecen intactas y trabajaremos con nuestros socios en el gobierno para fortalecerlas aún más”, afirmó.
La decisión del alto foro judicial, que puede tener implicaciones en otros estados con leyes similares, llega mientras los demócratas ultiman un acuerdo de mínimos con los republicanos para regular el control de armas en el país, tras los recientes tiroteos masivos, como el que se dio en una escuela en Texas donde 19 niños y dos maestros perdieron la vida el pasado mayo, entre otros.
El caso surgió de una demanda interpuesta por dos particulares, Robert Nash y Brandon Koch, y la Asociación de Rifles y Pistolas del Estado de Nueva York, una filial de la Asociación Nacional del Rifle.
El grupo demandó a Nueva York por prohibir portar armas de fuego en público, pese a que permite a sus residentes llevarlas ocultas en la calle con una autorización especial si alegan una necesidad específica de autodefensa.
“No se equivoque: esta decisión no nos disuadirá de hacer frente al cabildeo de las armas y sus repetidos esfuerzos para poner en peligro a los neoyorquinos. Prometo usar toda la fuerza de mi cargo para proteger a los neoyorquinos y las familias estadounidenses”, sostuvo la fiscal.
La decisión del Supremo ha causado una reacción en cadena de varias fiscalías, entre ellas la de Connecticut, que la catalogó de “imprudente” y advirtió que tendrá consecuencias “nefastas” para la seguridad pública en todo el país.
De acuerdo con el fiscal William Tom, aunque en las leyes de licencias de armas de fuego de Connecticut difieren de las de Nueva York y no se verán afectadas de inmediato, “la decisión invita a una ola de nuevos litigios en todo el país” incluido ese estado, coordinadas por la Asociación Nacional del Rifle.
Indicó, además, que en espera de esta decisión, ya había comenzado a trabajar con legisladores, activistas y otros fiscales generales y aseguró que “están listos” para defender las leyes de Connecticut.