Ciudad de México, 7 jun (EFE).- Activistas pidieron al Estado mexicano que se tome en serio las exigencias relacionadas con la obtención de justicia y reparación por el caso conocido como el “Halconazo”, a pocos días de que se cumplan 52 años de la matanza estudiantil perpetrada el 10 de junio de 1971.
“Hace 20 años se demostró la participación criminal del Estado e incluso hay una sentencia con genocidio a Luis Echeverria (presidente de México entre 1970 y 1976), desaparecido hace un año (falleció en julio de 2022), pero sus crímenes siguen impunes”, declaró en entrevista con EFE Romeo Cartagena, activista e integrante de la organización Comité 68 Pro Libertades Democráticas.
Este miércoles se reunieron los representantes de las organizaciones que el próximo 10 de junio marcharán en la capital mexicana para reclamar justicia por las decenas de estudiantes asesinados aquel día de 1971, cuando fueron atacados por el grupo denominado Halcones.
“Sabemos bien que fue un grupo paramilitar organizado desde las cúpulas del Estado mexicano de ese momento que atacó con elementos de genocidio esta marcha, porque también participaron la policía local y el Ejército”, insistió Cartagena.
Durante una conferencia de prensa frente al Palacio Nacional, donde reside el presidente Andrés Manuel López Obrador, los activistas leyeron un comunicado en el que reclamaron a la Fiscalía General de la República (FGR) que promueva los recursos legales procedentes para que se reabra el caso contra los perpetradores que continúen vivos y se clasifique como genocidio.
Por último, recordaron que el caso se encuentra abierto en litigio internacional frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La masacre dejó a decenas de jóvenes muertos durante una manifestación pacífica contra el entonces presidente Luis Echeverría (1970-1976).
Según cifras oficiales, la masacre dejó al menos 22 fallecidos, numerosos desaparecidos y medio centenar de heridos.
Diversas organizaciones han señalado que cuando menos hubo un centenar de muertos, decenas de desaparecidos y cientos de heridos, ya que la marcha convocó a unos 10.000 estudiantes.
A esa matanza se le considera uno de los episodios más violentos de la “guerra sucia” del Gobierno mexicano contra movimientos de oposición política y armada entre fines de los años sesenta y principios de los ochenta del siglo pasado.