Tucson (AZ), 19 may (EFE).- La aprobación de la ley antiinmigrante SB1070 en Arizona en 2010 causó no solo un duro golpe económico a este estado sino también un despertar de la comunidad latina, algo que activistas advierten podría pasar en Florida con la ley SB1718.
“Sin duda Florida no aprendió nada de lo que vivimos aquí en Arizona cuando se aprobó la ley SB1070. Es lamentable que la comunidad inmigrante siga siendo utilizada simplemente para impulsar carreras políticas como la del gobernador de Florida, Ron DeSantis”, dijo a EFE Lydia Guzmán, directora de la Liga de Ciudadanos Estadounidenses Latinos Unidos (LULAC) en Arizona.
La ley SB1718 de Florida, que entrará en vigor el 1 de julio, castiga a personas que transporten indocumentados, exige a empresas con más de 25 empleados verificar el estatus migratorio de sus trabajadores, sanciona a empleadores que den trabajo a personas “no autorizadas”, y pide a los hospitales cuestionar la situación migratoria de quienes soliciten sus servicios.
La aprobación de esta ley ha provocado un gran temor entre la comunidad inmigrante de Florida, particularmente de quienes no tienen un estatus legal.
Este miedo fue el mismo que se experimentó en Arizona cuando la SB1070 fue promulgada en 2010 por la entonces gobernadora republicana Jan Brewer.
Tanto la SB1718 firmada ese mes por el republicano DeSantis en Florida como la SB1070 fueron aprobadas bajo la misma retórica sobre una “invasión de migrantes indocumentados”.
La SB1070, que otorgó el derecho a las agencias policiacas de cuestionar el estatus migratorio de personas detenidas, inclusive por infracciones de tránsito, causó una oleada de rechazo tanto al nivel local como al nacional.
El impacto económico fue severo debido a un boicot contra Arizona que derivó en la cancelación de convenciones, presentaciones de artistas, eventos deportivos, sobre todo afectando el turismo nacional e internacional.
Asimismo, se produjo un éxodo de familias y trabajadores inmigrantes a otros estados más amigables con ellos.
En los meses siguientes a su implementación los negocios en Arizona vieron mermada su fuerza de trabajo, afectando directamente a las industrias agrícola y de la construcción.
De acuerdo con un estudio divulgado en 2022 por el Center For American Progress, las pérdidas económicas en 2010 solo por la cancelación de eventos en Arizona fueron de unos 141 millones de dólares, pero activistas consideran que esta cifra es solo una pequeña fracción de las pérdidas que sufrió el estado por la SB1070.
Organizaciones advierten que ese golpe será similar o quizá mayor en Florida a causa de la SB1718.
“Florida y Arizona son muy similares. Ambos estados tienen una gran fuente de turismo y su economía depende en gran parte de la mano inmigrante, aunque DeSantis no quiera reconocerlo”, expuso Guzmán.
Consideró que “al igual que pasó en Arizona, los latinos sin importar si son inmigrantes indocumentados, residentes legales o ciudadanos de este país, serán blanco de perfil racial en Florida solo por el color de su piel”.
Otra consecuencia que según activistas no ha calculado DeSantis es el “despertar” que provocó la SB1070 en la comunidad inmigrante y latina de Arizona.
Petra Falcón, directora de Promesa Arizona, dijo a EFE que el ataque contra la comunidad inmigrante provocó un “antes y un después” de la SB1070 en este estado.
Falcón y Guzmán formaron parte de la lucha contra de la SB1070 y fueron testigos de cómo se realizó un gran esfuerzo por registrar más personas como electores, particularmente entre la comunidad latina.
“La comunidad latina se dio cuenta de que si querían un cambio debían votar”, dijo Falcón.
Arizona aprendió que muchos de esos inmigrantes indocumentados tienen hijos, familiares o amigos que son ciudadanos estadounidenses y se convierten en su voz en las urnas. Fue un cambio liderado por una nueva generación de activistas que surgió a raíz de la SB1070 y que ha utilizado todos los recursos, incluyendo las redes sociales, para transmitir su mensaje.
Este esfuerzo paulatinamente ha ido transformando a Arizona de un estado tradicionalmente republicano a uno moderado.
Una clara muestra fue la victoria que obtuvo en el estado el ahora presidente Joe Biden en las elecciones de 2020, con 61 % del voto latino. La última vez que el estado había votado por un candidato demócrata fue cuando favoreció a Bill Clinton en 1996.
También ahora Arizona es liderada por Katie Hobbs, la primera gobernadora demócrata desde que Janet Napolitano asumió el cargo en 2003.
Activistas consideran que el voto latino ha sido clave para este cambio, “algo que podríamos ver quizás en un futuro en Florida”, dijo Falcón.
Algunos señalan que los estados son diferentes en cuanto al voto latino ya que en Arizona la población latina tiene primordialmente ascendencia mexicana, mientras que en Florida es de origen mayoritariamente cubano y puertorriqueño, segmento que tradicionalmente favorece al Partido Republicano.
Sin embargo, ambas activistas advierten que una vez que entre en vigor la SB1718 en Florida y los latinos comiencen a ser blanco de perfil racial, esto cambiará la postura de muchos votantes.
Falcón indicó que actualmente muchas organizaciones en Florida están mirando lo que pasó en Arizona y tratando de aplicar las mismas tácticas contra la SB1718.
Tras una larga lucha legal que llegó hasta la Suprema Corte de EE.UU., gran parte de la SB1070 fue eliminada en Arizona. Algunas partes sobreviven pero las ciudades se han encargado de aprobar regulaciones para evitar la discriminación contra los latinos.
Con todo, aún hoy la SB1070 sigue siendo una herida dolorosa para la comunidad latina-inmigrante en Arizona.
“A la comunidad inmigrante en Florida le digo que la lucha no será fácil. Es un camino difícil, algo que aprendimos muy bien en Arizona, y sobre todo que nunca debemos bajar la guardia”, acotó Falcón.