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Foto crédito: Ron DeSantis | Twitter
Con un letrero que decía “La crisis en la Frontera de Biden”, frente al podio en donde dio su discurso, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, habló sobre las razones por las que firmó en Jacksonville, el pasado 10 de mayo, una dura ley migratoria que persigue la inmigración irregular y consolida su controvertido programa de reubicación.
El texto, que fue respaldado por la mayoría conservadora de la Cámara de Representantes y el Senado estatal, se prevé que entre en vigor el próximo 1 de julio.
“Nos estamos preparando para algunos tiempos turbulentos cuando tienes a un presidente que ha hecho la vista gorda a lo que ha sucedido en la frontera”, dijo DeSantis durante la firma del texto sobre el mandatario demócrata, Joe Biden, en referencia al fin del Título 42, que podría provocar una afluencia de migrantes que ingresan a través de Canadá y México hacia EE.UU.
PUNTUALIZACIONES
La norma considera “tráfico de personas”, y un delito grave de tercer grado, que alguien “transporte a este estado” a un inmigrante que llegó al país de forma irregular y “no ha sido inspeccionado por el Gobierno federal desde su entrada”.
“En Florida, lo estamos haciendo legalmente y lo estamos haciendo bien”, dijo DeSantis, luego de la firma.
La ley promulgada por DeSantis proporciona 12 millones de dólares a la iniciativa de reubicación de migrantes que él mismo ha impulsado, y que el año pasado se materializó con el envío de un grupo de migrantes que llegaron a Texas a Martha’s Vineyard, en Massachusetts, una acción dirigida a protestar contra la política migratoria del Gobierno federal.
REACCIONES
“Florida está penalizando a los inmigrantes por tener la mala suerte de nacer en países que están en crisis y tener el coraje de buscar la paz y la prosperidad aquí”, dijo Tessa Petit, directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de Florida.
“La Juventud Inmigrante de Florida se mantendrá en el poder y continuará luchando por la protección de nuestra familia y amigos”, indicó Nery López, coordinadora de Justicia para Migrantes de The Florida Student Power Network.
“Esta legislación tiene como objetivo cruel hacer la vida más difícil para las personas que todos los días se levantan y dan lo mejor de sí mismos al estado de Florida como una cuestión de orgullo”, dijo Samuel Vilchez, director estatal de Florida, American Business Immigration Coalition.
La organización NorthEast Florida Immigration Resource Coalition (NEFIRA) realizó un foro de información virtual donde varios activistas y abogados de immigración informaron a la comunidad sobre estas leyes.
La nueva ley:
< Requiere que los empleadores con más de 25 empleados usen E-verify para determinar la elegibilidad de empleo, lo que convierte en un delito grave el uso de una identificación falsa para ser elegible y permite la revocación de la licencia o multas considerables si un empleador viola los requisitos de E-verify cuatro veces en un mes, limitando el acceso a puestos de trabajo a personas que tienen estatus migratorios no regulados.
< Obligar a los hospitales que aceptan Medicaid y a los departamentos de emergencias a recopilar datos sobre el estado migratorio de los pacientes, incluso cuando visiten la sala de emergencias, y a informar regularmente sobre el costo de la atención brindada a los pacientes sin un estado migratorio regulado.
< Hace que el transporte de personas sin un estatus migratorio regulado al estado de Florida sea un delito punible con hasta 15 años de prisión. Esto incluye acusarlo de un delito grave por regresar al estado de Florida cuando vive ahí de forma permanente. También incluye la entrada al estado por turismo o reuniones de negocios con amigos, compañeros de trabajo o familiares sin un estatus migratorio regulado.
< Prohíbe la financiación de programas comunitarios de identificación a nivel de ciudad y condado.
< Anula las licencias de conducir emitidas legalmente por 16 estados y el Distrito de Columbia a conductores sin un estatus migratorio regulado.
< Deroga la ley que permite ejercer la abogacía a los abogados que todavía están regulando su estatus migratorio.
< Requiere que las agencias de aplicación de la ley recolecten muestras de ADN de personas que no poseen un estatus migratorio regulado y están detenidas bajo una solicitud de detención federal.