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La ONU ve un problema serio de violencia y racismo policial en EE.UU.

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Washington, 5 may (EFE).- El Mecanismo de la ONU de Expertos para Promover la Justicia e Igualdad Racial en la Aplicación de la Ley consideró este viernes que en Estados Unidos hay un problema “serio” de violencia y racismo en las fuerzas del orden y subrayó la importancia de aplicar medidas para acabar con su impunidad.

El abogado y defensor de derechos humanos, Juan Méndez, y la activista y experta en seguridad, la estadounidense Tracie Keesee (c), dos de los tres integrantes del Mecanismo de la ONU de Expertos para Promover la Justicia e Igualdad Racial en la Aplicación de la Ley, hablan junto a la oficial de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR), Yasmine Hadjoudt (i), durante una rueda de prensa celebrada este viernes en el National Press Building en Washington. EFE/Octavio Guzmán

La delegación visitó desde el pasado 24 de abril y hasta hoy Washington, Atlanta, Los Ángeles, Chicago, Mineápolis y Nueva York y se reunió con víctimas y miembros de la sociedad civil, así como con autoridades locales, estatales y federales para ofrecer su primer panorama al respecto.

“Confirmamos que hay un serio problema en EE.UU. con la conducta de distintos cuerpos policiales en perjuicio de personas de descendencia africana”, explicó a EFE el abogado y defensor de derechos humanos Juan Méndez, uno de los tres integrantes de esa misión.

Las conclusiones preliminares presentadas este viernes sobre ese primer viaje constataron que “la esclavitud ha dejado un legado arraigado profundo y duradero en el país, que se puede percibir a través del trauma generacional”.

“La discriminación racial impregna todos los contactos con las fuerzas del orden”, apuntó ese mecanismo, según el cual los datos disponibles en cuestión de arrestos, sentencias o privación de derechos en algunos estaos “apuntan a un claro impacto desproporcionado sobre las personas afrodescendientes”.

“No son casos aislados”, recalcó el letrado argentino tras una rueda de prensa en la que se admitió que la “consistencia” de los testimonios recabados en su viaje les hace ver que escucharon solo la punta del iceberg.

Esta primera visita de su mecanismo se efectuó a invitación del Gobierno estadounidense y poco antes de que este 25 de mayo se cumpla el tercer aniversario de la muerte del afroamericano Georges Floyd a manos de la Policía, que derivó en protestas en diversas ciudades de Estados Unidos.

“Las autoridades son conscientes de que hay un problema. Al mismo tiempo, no encontramos una capacidad para resolverlo de forma inmediata, ni siquiera idea de cómo resolverlo”, dijo Méndez admitiendo que aunque hay iniciativas prometedoras no existe una regulación estandarizada a nivel federal.

La estadounidense Tracie Keesee, otra de las integrantes del mecanismo, junto a la sudafricana Yvonne Mokgoro, que lo preside, apuntó en la conferencia de prensa que “en Estados Unidos la inequidad racial se remonta a la misma creación del país y no hay atajos para la situación: se necesita un enfoque gubernamental”.

“Esto debe ser más que un eslogan y exige una reforma integral y un fuerte liderazgo en todos los niveles”, añadió la experta, subrayando que esa desigualdad está “arraigada” y hace que se asocie a la comunidad afroestadounidense con “criminalidad y delincuencia”.

Méndez admitió que es difícil ver qué se puede hacer para erradicar “por completo la supremacía blanca de las fuerzas policiales, especialmente si hay una cierta tolerancia a dejar que cada uno piense como quiera. No estamos hablando tanto de libertad de expresión y de opinión, sino de discurso de odio, y eso sí tiene que estar fuera”.

El mecanismo publicará su informe final en la 54 sesión del Consejo de Derechos Humanos, prevista para los próximos septiembre-octubre.

Su introducción preliminar tiene lugar a menos de una semana de que expire el Título 42, normativa que desde su implantación en 2020 bajo el mandato del republicano Donald Trump (2017-2021) ha permitido expulsiones en caliente en la frontera con motivo de la pandemia.

“Ha sido muy pernicioso para los derechos de las personas que tratan de emigrar. Hacerlos esperar en otro país para determinar si tienen o no derecho al asilo me parece francamente contrario al derecho internacional. Creo que eliminarlo va a ser una medida positiva, pero tenemos que ver qué lo reemplaza”, concluyó Méndez.

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