Ciudad de México, 26 abr (EFE).- El Gobierno mexicano justificó este miércoles mantener al director del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, aunque la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó de manera formal en el caso del incendio que mató a 40 migrantes hace un mes.
“Se mantiene en este momento en el ejercicio de su cargo, atendiendo los asuntos del instituto a su cargo. No le quita tiempo, porque él además constantemente recorre todos los estados del país”, afirmó Adán Augusto López, secretario de Gobernación, de quien depende el INM.
“No lo distrae”, añadió López, quien sustituye al presidente Andrés Manuel López Obrador en las ruedas de prensa del Gobierno mientras el mandatario padece covid-19.
Sus declaraciones se producen después de que Garduño afrontó una audiencia judicial este martes en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, donde 40 migrantes murieron el 27 de marzo por el fuego en una estación del INM.
La FGR presentó cargos contra Garduño por el delito de ejercicio ilícito del servicio al acusarle de “incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes”.
Pero el juez rechazó la petición de la FGR de separarlo del cargo, le permitió llevar el proceso en libertad y postergó para el próximo domingo la decisión de imputarlo.
“Continúa él en el ejercicio de su cargo, se le fincó alguna medida cautelar que consiste en que con alguna periodicidad acuda al juzgado al firmar”, comentó López.
El escrutinio internacional sobre el rol del Gobierno de México y el INM ha crecido tras el incendio en el que murieron 6 hondureños, 7 salvadoreños, 19 guatemaltecos, 7 venezolanos y un colombiano, lo que El Salvador consideró un “crimen de Estado”.
El Gobierno de México ha defendido el “buen trabajo” de Garduño, aunque también ha apuntado a la investigación de la FGR como una muestra de que no habrá impunidad.
“La Fiscalía, en pleno ejercicio de su derecho y de su obligación legal constitucional, formuló una serie de cargos en contra del comisionado del Instituto Nacional de Migración, él se reservó en términos de ley su derecho a emitir declaraciones”, expuso el secretario de Gobernación.