Por Don Thompson
Sacramento (CA), (KFF Health News vía EFE).- Defensores de los derechos de las personas con discapacidades presentaron esta semana una demanda federal para revocar la ley de muerte médica asistida de California, argumentando que cambios recientes facilitan que las personas con enfermedades terminales cuyas muertes no son inminentes se suiciden con medicamentos recetados.
La ley original de California, que permite a los adultos con enfermedades terminales obtener recetas para medicamentos que pongan fin a su vida, se aprobó en 2016. Los defensores dicen que la versión revisada que entró en vigencia el año pasado elimina salvaguardas cruciales y viola la Constitución de Estados Unidos y la ley conocida en inglés como American with Disabilities Act.
Los demandantes argumentan que es más probable que las personas con discapacidades, y las minorías raciales y étnicas usen las drogas mortales porque es menos probable que esos grupos reciban la atención médica y de salud mental adecuada.
Los defensores temen que las personas vulnerables puedan ser presionadas para quitarse la vida por parte de familiares o cuidadores, o que ellos mismos se sientan presionados porque no quieran ser una carga.
La demanda sostiene que el enfoque de California, conocido como End of Life Option Act, se remonta a la práctica desacreditada de la eugenesia, que alguna vez buscó evitar que las personas con discapacidades y otros grupos minoritarios se reprodujeran.
El sistema “aleja a las personas con discapacidades terminales de la atención de salud mental, la atención médica y los apoyos necesarios para la discapacidad, y los acerca a la muerte por suicidio bajo el pretexto de la ‘misericordia’ y la ‘dignidad’ al morir”, argumenta la demanda. La enfermedad terminal requerida para la asistencia es, por definición, una discapacidad según el American with Disabilities Act, dice.
Los defensores de la ley rechazaron esas afirmaciones. “Haremos todo lo posible para garantizar que la ley siga vigente”, dijo Kevin Díaz, director de defensa legal de Compassion & Choices, un grupo que respaldó las leyes de California, en un comunicado.
Díaz agregó que hubo un amplio apoyo público a la “ayuda médica para morir de adultos con enfermedades terminales, que están destinados a morir y solo quieren la opción de morir en paz, en lugar de sufrir innecesariamente”.
Sean Crowley, portavoz del grupo, señaló un estudio de 2007 sobre la práctica en Oregón y los Países Bajos que no encontró “ninguna evidencia de mayor riesgo” para los grupos vulnerables.
Michael Bien, abogado de los demandantes, dijo que la ley viola las garantías constitucionales de igualdad de protección y debido proceso, diseñadas para proteger a las personas de la discriminación y la exclusión.
Bien es uno de los abogados que presentó la demanda en nombre de United Spinal Association, que tiene al menos 60.000 miembros con lesiones de la médula espinal o que usan sillas de ruedas, incluidos 5.000 en California; Not Dead Yet, que se opone a la muerte asistida por un médico; el Institute for Patient’s Rights, que aboga por las personas que están al final de la vida y que enfrentan disparidades en la atención médica, y Communities Actively Living Independent & Free, un centro de vida independiente en el condado de Los Ángeles.
Bien señaló las estadísticas que muestran las desigualdades en la mortalidad infantil y materna, y las muertes por la covid-19.
“Así es como funciona nuestro sistema, y la atención al final de la vida tiene exactamente los mismos problemas”, dijo Bien.
Es posible que las personas que eligen usar medicamentos suministrados por un médico para terminar con su vida no se den cuenta de que, en cambio, podrían recibir ayuda para controlar su dolor, lo que podría incluir sedación que puede dejarlos inconscientes, dijo Ingrid Tischer, una de las dos demandantes individuales en la demanda.
“Realmente crea dos clases de personas” en función de si se percibe que tienen una enfermedad terminal, dijo el residente de Berkeley de 57 años. “Un lado obtiene la prevención (del suicidio), el otro lado recibe una receta (para acabar con la vida). Y eso es discriminatorio”.
Tischer nació con un tipo de distrofia muscular, una enfermedad progresiva que ahora le dificulta respirar: debe usar un andador o una silla de ruedas.
“Quiero que la atención que reciben las personas al final de la vida, incluida la mía, sea mucho mejor”, dijo. “Y no quiero que el suicidio asistido se convierta en la nueva forma de muerte estadounidense”.
California es uno de los 10 estados que tienen las llamadas leyes de ayuda para morir. Los otros son Colorado, Hawái, Maine, Montana, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Vermont y Washington.
Bien dijo que sus clientes estaban buscando una manera de desafiar las leyes y se decidieron por el estatuto de California de 2022 porque eliminaba las salvaguardas de la ley original.
Estas revisiones redujeron el período de espera mínimo requerido entre el momento en que los pacientes deben realizar dos solicitudes orales de medicamentos de 15 días a 48 horas. La demanda señala que, por el contrario, California tiene un período de reflexión de 10 días entre la compra de un arma y su posesión. También eliminó el requisito de que los pacientes hicieran un certificado por escrito dentro de las 48 horas antes de tomar medicamentos para poner fin a sus vidas.
Los defensores de la ley revisada dijeron que esas salvaguardas se habían convertido en barreras innecesarias y que consumían mucho tiempo, y que otras protecciones se mantuvieron en el estatuto. Compassion & Choices, que aboga por las leyes de muerte asistida, citó un estudio de 2017 que encontró que el 21 % de las personas murieron o se enfermaron demasiado para seguir los pasos. Los partidarios de la ley dijeron que no estaban al tanto de ningún abuso o coerción.
La demanda argumenta que las personas que podrían vivir indefinidamente con la atención médica adecuada pueden ser consideradas enfermas terminales y, por lo tanto, elegibles para los medicamentos si es probable que mueran dentro de los seis meses sin esa atención. Dice que eso podría incluir pacientes con diabetes que rechazan la insulina o personas con trastornos renales que rechazan la diálisis.
Bien citó a una doctora en Colorado que escribió en una revista médica que había aconsejado a dos pacientes con anorexia que tomaran medicamentos recetados para acabar con su vida. Compassion & Choices dijo que eso viola la ley.
Según la ley de California, incluso los médicos que no están dispuestos a ayudar a los pacientes a terminar con sus vidas están obligados a documentar la solicitud del paciente, que aún cuenta como la primera de dos solicitudes orales requeridas. Christian Medical & Dental Association demandó por ese requisito y un juez federal bloqueó esa parte de la ley en septiembre. El estado está apelando el fallo.
La Oficina del Fiscal General de California no hizo comentarios inmediatos sobre la demanda, y la autora de la ley, la senadora estatal demócrata Susan Talamantes Eggman, no respondió de inmediatamente a las solicitudes de comentarios.
Esta historia fue producida por KFF Health News, antes Kaiser Health News (KHN), una redacción nacional que produce periodismo en profundidad sobre temas de salud y es uno de los principales programas operativos de KFF, la fuente independiente de investigación de políticas de salud, encuestas y periodismo.