Los Ángeles, 17 abr (EFE).- Las detenciones de migrantes en la frontera sur de EE.UU. en marzo pasado aumentaron un 25 % con respecto al mes anterior, aunque la cifra ha sido menor si se compara con la del año pasado, informó este lunes la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
En marzo pasado las autoridades llevaron a cabo 162.317 detenciones en la frontera suroeste, un aumento de más de treinta mil detenciones en comparación a febrero de 2023 cuando 130.024 extranjeros fueron detenidos por agentes de la Patrulla Fronteriza.
En un comunicado, CBP dijo que el aumento registrado en las detenciones en marzo “es típico” porque representa el fin del invierno.
El comisionado interino de CBP, Troy A. Miller, destacó que la cifra de 162.317 detenidos representa un 23 % menos que los 211.181 migrantes detenidos en marzo de 2022, y un descenso de 4 % marzo de 2021 cuando se tomó custodia de 169.216 migrantes.
Las detenciones de CBP en enero y febrero habían descendido después de que el Gobierno del presidente Joe Biden expandiera las devoluciones de migrantes de tres países a México.
A principios de enero, el gobierno demócrata decidió ampliar una polémica normativa sanitaria, conocida como Título 42, para permitir las expulsiones en caliente en la frontera de personas provenientes de Nicaragua, Cuba y Haití.
La medida había comenzado a aplicarse en octubre del 2022 solo a migrantes venezolanos.
El promedio de detenciones de los migrantes de estos cuatro países registró el nivel más bajo desde 2021 al pasar de un promedio diario de 1.231 a comienzos de enero, antes de aplicarse la medida, a un promedio de 46 a finales de febrero.
La administración demócrata ahora se prepara para lidiar con el final del Título 42 el próximo mes.
En ese sentido, Miller dijo que CBP continuará haciendo cumplir las leyes de inmigración e intensificará los esfuerzos para combatir la información errónea de los contrabandistas “mientras nos preparamos para regresar a los procedimientos de deportación acelerados bajo el Título 8, que conllevan consecuencias más estrictas como una prohibición de reingreso de cinco años y un posible proceso penal”.