Nueva York, 16 dic (EFE).- Más de 1.300 menores separados a la fuerza de sus padres en la frontera entre México y EEUU siguen sin reunirse con ellos seis años después, lo que representa casi una tercera parte de los que en ese momento sufrieron una de las medidas más radicales de la política migratoria del entonces presidente Donald Trump.
Un informe hecho público hoy conjuntamente por Human Rights Watch, la ONG Texas Civil Rights Project y un centro de derechos humanos de la Universidad de Yale cifra en 1.360 los niños y niñas que nunca han podido ver a sus padres en todo este tiempo, y critica que la rendición de cuenta por aquellos hechos haya sido “nula”.
El informe equipara esa política llamada en su momento de ‘tolerancia cero’ con la desaparición forzada (por la negativa a los padres a revelar el paradero de sus hijos durante años) y con la tortura, por ser fruto de una política “deliberada” de agentes del Estados para “causar sufrimiento grave con fines indebidos”.
Así, documenta casos concretos de funcionarios que practicaron las separaciones “como factor disuasorio para otras familias”, y de otros que intervinieron específicamente para mantener esa separación incluso cuando algunas agencias federales comenzaron a promover la reunificación familiar.
“Es escalofriante ver, en un documento tras otro, la crueldad premeditada que se introdujo en la política sobre separación forzada de familias -comenta Michael García Bochenek, abogado sénior de la división de derechos infantiles de HRW- Un gobierno nunca debe actuar contra niños y niñas para enviar un mensaje a sus padres”.
El informe reconoce que el Gobierno de Joe Biden ha tomado “medidas notables” para reparar en lo posible el daño infligido a las familias, como la concesión de permisos temporales a los padres para ingresar en EEUU, así como de permisos de trabajo, la incoación de casos de asilo y la prestación de servicios de salud mental, pero no ha habido rendición de cuentas de los responsables de aquellas políticas.
Pero más preocupante es que varios de esos responsables están llamados a ejercer un importante papel en el próximo gobierno de Donald Trump, como Thomas Homan, nominado para ‘zar de la frontera’ o Stephen Miller, propuesto como subjefe de políticas internas y que fue considerado el verdadero arquitecto de la política antimigratoria más radical.
Por esa razón, el informe pide al Senado -del que dependen esos nombramientos- que rechace a estos candidatos específicamente.
Sugiere además resarcir a las familias víctimas de esa separación forzada con “una rendición de cuentas pública, una disculpa y otras pedidas que incluyan posibles procesos penales”.